Silicon Valley se enfrenta a multas de 20.000 millones de euros por la denuncia de una ONG
Demandan a Apple, Amazon, Google, Netflix, Spotify y más compañías por no respetar las nuevas directivas de privacidad de la Unión Europea.
El abogado especialista en derechos de la privacidad Max Schrems es uno de los dolores de cabeza más grandes de la industria tecnológica. Su cruzada por los derechos digitales de los ciudadanos de su Austria natal y de todo el globo le ha llevado a enfrentarse en múltiples y largos juicios contra gigantes como Facebook o en el mismísimo Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ahora, desde Noyb, la ONG que fundó recientemente, ha interpuesto diez demandas a sendas compañías tecnológicas de todo el mundo, pero la mayoría de estas residentes en Silicon Valley. El motivo de la denuncia es que, según la demanda, no han cumplido con los derechos de retirada de información personal de sus usuarios europeos.
Tras la llegada del RGPD en mayo de 2018, todas las empresas que operan en Europa, independientemente de donde estén ubicadas originalmente, se enfrentan a duras multas económicas cuando no tienen cuidado con los derechos de privacidad de sus clientes, usuarios o abonados.
La denuncia de Noyb se ha basado en un estudio automatizado del tratamiento de datos privados de 10 ciudadanos europeos por parte de 8 compañías que ofrecen servicios de música o vídeo bajo demanda: Amazon, Apple, Netflix, Spotify, SoundCloud, YouTube (Google), DAZN y Filmmit.
Solamente Filmmit ha sido capaz de adaptar sus herramientas para entregar a sus clientes los datos recopilados sobre ellos. El resto de compañías se enfrentan a potenciales multas de hasta 8.020 millones de euros en el caso de Apple, 6.310 millones de euros en el caso de Amazon o 3.870 millones en el caso de Google, matriz de YouTube.
En caso de que las diferentes instancias judiciales y ejecutivas den la razón a los denunciantes, el RGPD plantea reducciones de la multa impuesta en caso de que las firmas consigan rápidamente colaborar con las agencias de privacidad y enmendar sus errores. Potencialmente quedando las multas en un elemento más reducido, pero que acabaría con los derechos de privacidad de los europeos más protegidos.
